RTVE: Entre la independencia y la jibarización

(artículo publicado originalmente en el periódico Diagonal, en junio de 2009)

El 20 de junio acabó el plazo para que los grupos parlamentarios en el Congreso presentaran enmiendas a la Ley de Financiación de la Corporación de Radio Televisión Española, que el Gobierno tirará adelante sin demasiados problemas. El punto estrella de dicha ley es la eliminación total y súbita de la publicidad en los medios de la Corporación. Lo que ha sido una reivindicación tradicional de aquellos que defienden un modelo de radiodifusión pública, independiente y de calidad se presenta al debate con ciertos claroscuros que ponen en duda la nueva norma y la RTVE del futuro.

Parece que con la eliminación de la publicidad el Gobierno español ha querido matar dos pájaros de un tiro: por un lado intenta contentar a los sectores ya citados; por otro, sacia la sed de las privadas que consideraban ‘competencia desleal’ que TVE se lleve una parte del pastel. Sin duda para el Gobierno uno de los pájaros es bastante más gordo que el otro. Las razones que dio Fernández de la Vega en el Congreso subrayan qué pesa más en Moncloa: la intención es “evitar las distorsiones que en el mercado se están produciendo” y “dar más holgura a los operadores en situaciones de crisis y a los trabajadores que tenemos que proteger”. Sin el escándalo que se armaría si se interviniera el sistema financiero con dinero público, parece que las privadas están consiguiendo un buen capote del Gobierno, un capote que en 2008 ascendió a 557 millones de euros.

Lo que no está tan claro es cómo vivirá RTVE sin estos ingresos comerciales que recibe actualmente.

En principio, para el próximo bienio (2010-2011) el anteproyecto de Ley prevé para la Corporación unos ingresos de 1200 millones de euros que vendrán de las siguientes fuentes: 600 millones de los Presupuestos Generales del Estado, 320 de la tasa sobre la reserva del espacio radioeléctrico y 280 millones de las cadenas privadas y las operadoras de telecomunicaciones. Este último 23% del presupuesto se impone al sector privado como compensación a la Corporación por los beneficios que obtendrá del trozo mayor de pastel publicitario y por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil. Sin embargo, este sistema se enfrenta a una clara paradoja: a mayor audiencia de TVE, menor share para las privadas y menos dinero que estarán dispuestos a pagarles los anunciantes, por lo que el beneficio de estas cadenas será menor. Ello repercutirá directamente en el presupuesto de la Corporación por lo que acabará saliendo más a cuenta dejar que sean las privadas las que se lleven la audiencia y puedan aportar así mayores ingresos. Si a ello añadimos las limitaciones impuestas por el Gobierno a los contenidos, vemos como se reproduce aquí la perversa tensión entre televisión de calidad y audiencias masivas, como si la una y la otra no pudieran ser compatibles.

Este nuevo modelo de financiación se da además en un contexto de progresiva externalización de los contenidos. El caso más sonado fue el del programa España directo que acabó producido por Mediapro entre protestas de los trabajadores de TVE. Pero no fue el último: tras las negociaciones del ERE de principios de año, la dirección de la Corporación no ha dado un paso atrás y adjudicará la elaboración de noticias en centros territoriales a productoras afines al Gobierno como la ya citada Mediapro o la andaluza VAV. Esta opción que a la empresa le resulta fácil en el corto plazo, viene siendo denunciada por algunos sindicatos como un ‘derroche económico inadmisible’ que puede tener consecuencias catastróficas tanto para la plantilla, bajo amenaza permanente de despido, como a medio plazo para la misma Corporación, que no hace más que empequeñecer y perder influencia social. Como si la dirección y el Gobierno no se creyeran que una televisión pública potente pueda ser compatible con su independencia de los poderes económicos y políticos.

Telemadrid como paradigma
Sin duda uno de los conflictos más visibles en el seno de las televisiones públicas, por su extensión en el tiempo y por las imaginativas protestas en directo, es el que enfrenta a los trabajadores de Telemadrid con la empresa y, por ende, con el Gobierno de la Comunidad. De forma similar a lo que se intenta hacer en RTVE y en otras televisiones públicas del Estado, Telemadrid ha optado por las reducciones de plantilla y el aumento de la inestabilidad laboral como consecuencia, entre otras causas, de las subcontrataciones de productoras externas. Hasta la fecha 180 trabajadores han sido despedidos mientras se acumulan las denuncias a la empresa por vulneración del derecho a huelga.

A la pérdida de derechos laborales, se añaden las críticas a la gubernamentalización de los contenidos y a lo que la plataforma Salvemos Telemadrid considera una consecuencia obvia de este hecho: la pérdida de audiencia y el desprestigio de la cadena autonómica.

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