Poniéndole puertas al campo

(publicado originalmente en el periódico Diagonal, en noviembre de 2009)

Algo que dura veinte años puede dejar de parecer excepcional si lo miramos con los ojos de la costumbre, aunque sepamos que sigue siendo un hito histórico. A Internet nos hemos acostumbrado tal y como lo conocemos, aunque para las organizaciones de internautas y de defensa de los derechos civiles esto puede desvanecerse en el aire tan rápido como vino. Desde distintos ámbitos institucionales se está negociando, e incluso ya aprobando, un cúmulo de regulación que pondrá fin al caos o a la libertad -según los ojos del observador- en las comunicaciones, y que surge como reacción a las prácticas de los usuarios que desbordan las leyes actuales de propiedad intelectual.

Las Telecomunicaciones y la Propiedad Intelectual (PI). Estos son los dos flancos dispares pero relacionados sobre los cuales se legisla a espaldas o en contra de las nuevas prácticas culturales derivadas del uso de Internet. El objetivo del regulador es el mismo en ambos casos: luchar contra un fenómeno tecnológico y social que el mercado no había previsto. El hecho de compartir –verbo clave para entender la red en su estructura misma- se ve como una amenaza a la industria cultural, que usa como escudo la © del Copyright. Las autoridades se han puesto las pilas y quieren acabar con las fugas de control a escala global, tanto en Madrid como en Bruselas como en Washington DC.

A día de hoy, casi simultáneamente, se discuten de forma más o menos pública, al menos tres documentos distintos: a nivel global, el ACTA; a nivel europeo, el Paquete de Telecomunicaciones y a nivel estatal una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

El ACTA
Más allá de instituciones multinacionales como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dependientes de Naciones Unidas, un grupo de Estados partidarios de reforzar aún más la propiedad intelectual se apartó por su cuenta del resto y, en octubre de 2007, se puso a negociar un peculiar Tratado Antifalsificación conocido por sus siglas en inglés como ACTA. Los Estados en cuestión –Estados Unidos, Japón, Suiza y la Unión Europea como actor regional- aceptarían nuevos firmantes en el acuerdo siempre que estuvieran “a favor de un estándar fuerte de refuerzo de los derechos de propiedad intelectual”. Las intenciones de los impulsores iban más allá de lo que marcaba el ya restrictivo acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS) firmado por la OMPI.

Todo ello se llevaba en el más absoluto de los secretos hasta que en mayo de 2008 se filtró un documento que marcaba las líneas de acción del ACTA. De él han surgido muchas lecturas sobre las posibles consecuencias de que se haga efectivo. En primer lugar, sus críticos denuncian que confunde higos y brevas al equiparar la mera violación de los derechos de autor, por múltiples motivos, a la falsificación, que por definición es siempre con ánimo de lucro. Por otro lado, teniendo en cuenta que el objeto de regulación ya no son solo los objetos físicos sino también la información distribuida por Internet, cabe la posibilidad de que se permitan los registros de portátiles y aparatos de mp3 en los aeropuertos en busca de archivos “ilegales” así como la posibilidad de que las compañías proveedoras de servicios de Internet puedan colaborar ofreciendo información sin garantías judiciales de los usuarios que violen el copyright.

A pesar de la filtración y de las críticas de organizaciones como Electronic Frontiers Foundation o Knowledge Ecology Institution, las reuniones siguen siendo secretas. La última, la celebrada en Seúl, a diez mil kilómetros de aquí, los pasados días 4, 5 y 6 de noviembre.

El Paquete de Telecomunicaciones
En menos de dos meses la Presidencia rotativa de la Unión Europea pasará a manos españolas y es de prever que actúe con la misma contundencia respecto a Internet con la que lo han hecho sus antecesoras, especialmente Francia. No obstante, lo más importante ya estará hecho. Salvando imprevistos, antes de final de año el Parlamento Europeo aprobará definitivamente el Paquete de Telecomunicaciones, un conjunto de cinco directivas que modifica las que se aprobaron en 2002, y que unifica el mercado de las telecomunicaciones, regulando de paso el acceso a los contenidos.

Gracias a la presión de la industria cultural y con la ayuda de la Presidencia francesa de Sarkozy, que no quería obstáculos para aprobar en su país la llamada Ley HADOPI, el Paquete acabó incluyendo enmiendas que hacen referencia a los archivos compartidos y a la posibilidad de que las operadoras de telecomunicaciones impongan “condiciones que limiten el acceso y/o el uso de servicios o aplicaciones”. Ello pone seriamente en peligro la neutralidad de Internet, es decir, la igualdad de acceso para todos independientemente de los contenidos.

A partir de ahí la polémica se ha centrado tanto en esta Net Neutrality como en la llamada Enmienda 138, una cláusula que garantizaba que en caso de “descarga ilegal” solo un juez pudiera quitar la conexión al usuario. Esta enmienda fue votada afirmativamente dos veces por el 88% del Parlamento con lo que el Paquete tuvo que ser revisado. Finalmente, el pasado 4 de noviembre, el Comité de Conciliación aprobó un texto que La Quadrature du Net ha situado a medio camino entre la protección de los derechos de Internet y la ambigüedad jurídica. A finales de año, en Bruselas, a mil quinientos kilómetros de aquí, los parlamentarios volverán a votar una ley claramente menos favorable a los derechos de los internautas.

Una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
Apenas hace tres años el Congreso de los Diputados aprobó casi con todos los grupos a favor (solo se abstuvieron ERC y el PNV) una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incluía el famoso canon digital. El pasado 9 de junio se creó la subcomisión de Cultura del Congreso encargada de redactar un nuevo Proyecto de Ley para regular la propiedad intelectual, que contemple los cambios tecnológicos y sociales y la regulación internacional y comunitaria. El canon se les ha quedado antiguo.

En la rueda de prensa de presentación del Foro de la Cultura Libre que se celebró en Barcelona del 29 de octubre al 1 de noviembre, justo una semana antes de la última reunión secreta del ACTA, la portavoz de EXGAE, Simona Levi, justificó el fin de semana elegido por encontrarnos “en un momento histórico”. Cuando uno de los periodistas de la sala preguntó inquisitivo si tan excepcional era la que se nos avecinaba, Wauter Tebbens, del Free Knowledge Institute, medió categórico: “Lo excepcional han sido los últimos quince años de libertad en Internet”. La industria del entretenimiento, los gobiernos y las entidades de gestión de derechos de autor deben pensar lo mismo: de ahí que estén con las manos en la masa.

Despieces

Ley HADOPI
Si no fuera porque el Constitucional francés frenó en junio la primera versión de la Ley HADOPI, ahora una autoridad administrativa podría ser la encargada de cerrar conexiones de usuarios que descargaran obras sin el acuerdo de los propietarios de los derechos. La nueva versión de la ley fue aprobada en septiembre e incluye la actuación de los jueces, aunque mediante un “proceso simplificado”

Report 301
Desde 1988 la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos publica cada año un informe que analiza en detalle “la efectividad y adecuación de los Derechos de la Propiedad Intelectual” alrededor del mundo. Esta especie de fiscal unilateral destaca los estados que por las “malas prácticas” de su ciudadanía merecen estar en Listas de Observación o en Listas de Observación Prioritaria.

(autor de la imagen: Eneko)

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